| "LA VERDAD $E CORROMPE TANTO POR LA MENTIRA COMO CON EL $ILENCIO COMPLICE" |
 Odebrech y otras de las grandes constructoras
brasileñas establecidas en Venezuela atraviesan el peor momento de su
historia: son acusadas en su país por corrupción. Foto: Flickr/jbdodane. |
ARMANDO INVESTIGA
Las constructoras de Brasil pasan agachadas en Venezuela
Mientras las revelaciones de la Operación
Lava Jato siguen estremeciendo a Brasil, varias de las empresas acusadas
allá de confabularse para ganar contratos de Petrobras trabajan para el
Gobierno de Venezuela, que las favoreció desde 2007 con negocios por
más de 20.000 millones de dólares. No es solo Odebrecht: también Camargo
Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão, se esfuerzan por mantenerse
a la vez operativas y por debajo del radar del escrutinio público.
Dalton Dos Santos Avancini era el modelo del
ejecutivo exitoso. Como director presidente de la constructora brasileña
Camargo Corrêa, lideró la internacionalización –amparada casi siempre
por préstamos del estatal Banco Nacional de Desarrollo (BNDES)– de los
servicios de esa empresa a 22 mercados externos. Pero tanto éxito mostró
ser tóxico. Ahora Dos Santos Avancini paga condena de 15 años y 11
meses de prisión por su participación en una red de corrupción y lavado
de dinero en torno a la empresa de petróleo Petrobras, que, descubierta
mediante la llamada Operación Lava Jato, ha estremecido las bases del poder económico y político de Brasil.
Dalton Dos Santos Avancini, el empresario
que decidió contarlo todo. Su empresa, Camargo Corrêa, también tiene
obras pendientes en Venezuela. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil.
Atrapado por la justicia, Dos Santos Avancini
convino en cooperar con la investigación para obtener el beneficio de
casa por cárcel. Los detalladas confesiones del empresario revelaron la
conformación de un cártel de 23 empresas que a partir de 2006 se
confabularon para arreglar las condiciones y resultados de los concursos
de obras para Petrobras. El club virtual era comandado por Marcelo
Odebrecht, como correspondía, pues el grupo de empresas de la familia
Odebrecht conforma el mayor emporio de Brasil en el sector de ingeniería
civil para infraestructura, y uno de los más importantes del
hemisferio.
Por su cercanía geográfica y la virtual mentoría
política que los Gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), con
Luis Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff en la presidencia, han
ejercido desde 2003 sobre Caracas, el mercado venezolano constituyó un
ámbito natural para la expansión de los negocios de las dos empresas.
En efecto, Odebrecht y Camargo Corrêa operan en
Venezuela. Así como también lo hacen Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão.
Son marcas que, entre todas, calificaron para contratar con el Estado
venezolano y hacerse cargo de, al menos, 38 importantes obras en
ejecución actual, repartidas por todo el territorio venezolano. Pero,
además, esas mismas fueron algunos de los más importantes caballeros de
la mesa redonda de Petrobras. El cártel donde se amañaban las
licitaciones de la petrolera brasileña repartía ganancias furtivas entre
los empresarios, los ejecutivos de Petrobras, y los patrocinantes
políticos de unos y otros.
A pesar del escándalo desatado en Brasil, la
justicia venezolana no ha mostrado mucho interés en determinar si esas
prácticas corruptas fueron importadas junto a la ingeniería. Al fin y al
cabo, el Gobierno de Venezuela es el cliente estelar de los brasileños
en el país.
Cuatro joyas cariocas –Andrade Gutiérrez,
Camargo Corrêa, Odebrecht y Queiroz Galvão– mantenían en Venezuela
contratos por 20.000 millones de dólares en 2014, según un informe
publicado ese año por el diario Valor Económico de São Paulo. El
dato no pudo ser confirmado por la Cámara de Comercio Venezolana
Brasileña en Caracas, que al cierre de este reportaje todavía no
contestaba el cuestionario que se le hizo llegar.
Si me ves, no me conoces
Dos de esas empresas, según el Registro Nacional de
Contratistas (RNC), presentaron como dirección en Venezuela el Centro
Empresarial Eurobuilding, en Chuao (municipio Baruta, sureste de
Caracas). Camargo Corrêa, una de esas dos, ahora funciona en el primer
piso de un lujoso edificio de la urbanización Las Mercedes, algo más al
sur.
A través de un intercomunicador y con una puerta de
cristal de por medio, una recepcionista pregunta fastidiada sobre el
interés del visitante. Permite el acceso, distante y desconfiada, pero
explica que por el momento no existe quien pueda dar una entrevista.
Ante la insistencia, explica que la empresa se encuentra en un proceso
de reestructuración de directiva. Toma los datos y asegura que
“Patricia” se encargará de hacer el contacto, cosa que nunca ocurre.
Camargo Corrêa debutó en el país en el 2005 con la
rehabilitación de la segunda fase de la presa de El Guapo en la región
de Barlovento, en el estado de Miranda (centro de Venezuela). Cinco años
tomó terminarla. Según el RNC, se encuentra actualmente ejecutando la
represa de Curia, y la construcción de la autopista Santa Lucía-Kempis,
ambas obras de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy
“Francisco de Miranda”, CorpoMiranda.
Hasta ahora no hay más que camiones
removiendo tierra, el brote inicial de los 21 kilómetros que el gobierno
venezolano anuncia como la autopista Santa Lucía-Kempis.
Youtube/CorpoMiranda.
Las oficinas de Queiroz Galvão tampoco funcionan en
el Centro Empresarial Eurobuilding, como alguna vez informó. La compañía
se mudó al tercer piso de la Torre BOD de la urbanización El Rosal
(municipio Chacao, noreste de Caracas). La voz joven de una
recepcionista a través del teléfono explica que la única persona
responsable de atender la solicitud no se encuentra y tampoco lo estará
en al menos 15 días.
Sin embargo, en esta ocasión la insistencia rendirá
sus frutos. La llamada se transfiere a otra persona que habla castellano
con marcado acento brasileño. Se identifica como Eduardo Dan. Según el
portal del RNC, Quiroz Galvao participa en las mismas obras a cargo de
Camargo Corrêa. Dan, al otro lado del teléfono, se sorprende al escuchar
la afirmación. Asegura que la empresa solo trabaja ahora en un sistema
de irrigación que, una vez en funcionamiento, beneficiará 42.000
hectáreas en el Valle de Quíbor (estado de Lara, centrooccidente de
Venezuela). Corta la comunicación solo después de advertir: “Estaremos
pendientes, veremos qué hace con la información”.
Apenas un piso más abajo de las oficinas de
Petrobras en Caracas –la ubicación resulta simbólica–, en el tercer piso
de la Torre Lamaletto de El Rosal, funciona la sucursal de Andrade
Gutiérrez. Es la segunda mayor compañía de construcción en Brasil. Con
presencia en más de 40 países e ingresos anuales de 20.000 millones de
dólares, emplea a más de un cuarto de millón de personas, en los
sectores de infraestructura, telecomunicaciones, energía, saneamiento y
logística, entre otros.
Entre sus clientes en Venezuela destaca Pdvsa Naval
S.A, a la que sirve con el montaje de un astillero en el estado de Sucre
(costa nororiental) y la puesta en marcha de la Siderúrgica Nacional
José Abreu De Lima, ubicada en las cercanías de Ciudad Piar, estado de
Bolívar (sureste del país). Ambos proyectos fueron firmados en el 2008.
En la sede caraqueña de Andrade Gutierrez atiende un
hombre que habla en portuñol, presumible ciudadano brasileño, de unos
50 años de edad, que pide se mantenga su identidad en reserva pues no
cuenta con un mandato oficial como vocero. Dice que la detención en
Brasil de Otávio Marques de Azevedo, presidente de la empresa, el pasado
19 de junio, no paralizó el curso de las actividades regulares de la
compañía. Insiste en que su caso en particular se encuentra en fase de
investigación y que, por lo tanto, mientras Otávio Marques no cuente con
sentencia firme, se presume su legítima inocencia.
Sin embargo, el mensaje clave del vocero improvisado
tendría un revés apenas ocho días más tarde. El juez Sergio Moro,
responsable de la investigación en el estado de Paraná, aceptó el pasado
miércoles los cargos contra el presidente de la constructora Andrade
Gutierrez, que incluyen corrupción, lavado de dinero y asociación para
delinquir.
Junto a Venezuela, Colombia y Perú son los mayores
mercados suramericanos de Andrade Gutierrez. Su lema: “Construimos el
desarrollo de una sociedad en Brasil y en el mundo”. La revista Último Segundo
ubicó a Marques de Azevedo en el puesto 41 de su ranking anual de las
60 personas más poderosas de Brasil, y lo definió así: “Hay poderosos. Y
el poderoso de los poderosos. Otávio Marques de Azevedo entra en esta
categoría”.
Apenas un piso debajo de las oficinas que
Petrobras estableció en Caracas -en el edificio Lamaletto de El Rosal-
está la sucursal de Andrade Gutiérrez, una de las constructoras acusadas
de arreglar los contratos de la petrolera brasileña. Foto:Flickr/Hugo
Londoño.
En un comunicado oficial difundido por la empresa el
pasado 20 de julio reiteró “nunca haber participado en cártel, acuerdo o
fraude en licitaciones”, a la vez que aseguraba que “el Grupo siempre
cumplió y seguirá cumpliendo todos sus compromisos. Estamos seguros de
que todo será aclarado pronto y de que seguiremos contribuyendo al
desarrollo del país”.
Odebrecht contra viento y marea (pero retrasado)
Pero el mayor bocado de las contrataciones en Venezuela le tocó a Odebrecht. Hace unas semanas, en una entrevista con el sitio Contrapunto.com,
el sempiterno ministro de Planificación en los gabinetes de Hugo Chávez
y guía intelectual del fallecido comandante, Jorge Giordani, se refería
con suspicacia a los proyectos “llave en mano” de Odebrecht. Pero no es
del tipo de expresiones que habría hecho públicas en 2008, por ejemplo.
En ese entonces el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa –cercano
aliado de Chávez– hacía ostensibles reclamos a la compañía brasileña por
los defectos de la represa de San Francisco que, a un costo de 800
millones de dólares, Odebrecht construyó en el país andino. Chávez, de
visita en Brasil, optó por hacer un descargo a las acusaciones:
"Odebrecht es una empresa amiga y en Venezuela se ha portado
extraordinariamente bien. Quiero hacer ese reconocimiento", dijo.
Odebrecht trabaja en Venezuela desde hace más de 20
años, es decir, desde antes de la llegada del chavismo al poder.
Reivindica el centro comercial Lago Mall de Maracaibo (estado de Zulia,
noroeste del país) como su primera obra venezolana.
Sin embargo, la expansión de Odebrecht y, en
realidad, de las otras constructoras, tanto en lo local como en lo
global, se comprueba durante los gobiernos petistas de Lula
Da Silva y Rousseff. El crecimiento económico y de la autoestima
nacional, en alianza con factores de la burguesía criolla, llevaron a
que las corporaciones brasileñas resultaran beneficiadas con inmensos
aportes oficiales. Como parte de la política internacional brasileña,
las empresas de construcción como Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade
Gutierrez y Queiroz Galvão pasan a ser modernos bandeirantes que
extienden la influencia de Brasilia más allá de las fronteras
nacionales. De manera literal: las cuatro empresas, receptoras de
ingentes fondos del BNDES, participaron en la construcción de la
controvertida carrera transcontinental que atraviesa Brasil y Bolivia
hasta la costa de Perú, haciendo una hendidura en la selva amazónica,
pulmón del planeta.
Por eso no es coincidencia que Odebrecht haya
desembarcado por segunda vez y con pie firme en Venezuela en 2007. Ese
año la constructora se aseguró cinco obras de envergadura en Venezuela:
las líneas 5 y 2 del metro de Caracas y el metro de Los Teques (estado
de Miranda), respectivamente; el metro de Guarenas-Guatire (estado de
Miranda), la hidroeléctrica Tocoma en el estado de Bolívar y las obras
civiles para la implementación del sistema Metro Cable San Agustín del
Sur (teleférico que sirve a un empinado barrio popular en el centrosur
de la capital).
Según el RNC, Odebrecht ahora ejecuta 32 proyectos.
Pero la constante en todas las obras de la monumental corporación
brasileña es la imprecisión en sus costes y calendarios de ejecución.
Algunas de las obras obtenidas en 2007 todavía se ven en carne viva, en
medio de Caracas, con vallas que identifican a la empresa brasileña.
La línea 2 del Metro de Los Teques, por ejemplo, que
pretende interconectar a la capital mirandina con San Antonio de los
Altos (una ciudad-dormitorio de clase media), se inició en 2007 y debía
culminarse en octubre de 2012. Pero todavía en febrero de 2015 la
Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional tenía que aprobar un
crédito adicional para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por
2.500 millones de bolívares para completar la estación Independencia de
la línea 2. Quedan otras cinco estaciones sin terminar.
Aunque estaba pautado para el año 2012,
Odebrecht aun no ha concluido la construcción del Tercer puente sobre el
río Orinoco. Foto:Flickr/Jonathan Alzuro.
El RNC indica que la obra registra un avance de 22,15%. La ficha del proyecto en el informe Memoria y Cuenta 2013 del Ministerio de Transporte establecía octubre de 2015 como fecha de terminación. Pero ya la Memoria y Cuenta 2014 corregía el dato: se debe completar en julio de 2019.
Otra infraestructura emblemática de las obras
públicas, el Puente Cacique Nigale –destinado a atravesar el Lago de
Maracaibo algo más al norte que su predecesor de 1964, el puente General
Urdaneta–, en el estado de Zulia, arrancó su construcción en 2005, para
completarse en 2010. Sin embargo, todavía en 2012, en la que sería su
postrera campaña electoral, el presidente Chávez dijo que se “han estado
haciendo trabajos técnicos y algunos movimientos de tierra”.
En agosto de 2013, durante una inspección a la obra,
ya a cargo de Odebrecht, el recién designado presidente encargado de la
Empresa Nacional de Obras Públicas, creada en agosto de 2011 para el
desarrollo de proyectos de construcción en todo el país, Haiman El
Troudi, y también ministro de Transporte, señaló que la inauguración se
realizaría en 2018. Con todo, el Ministerio de Transporte Terrestre y
Obras Públicas, en su Memoria y Cuenta 2013, posterga de nuevo la
fecha prevista de culminación para 2020. Durante nueve años de
trabajos, la construcción del Puente Cacique Nigale registró un insípido
avance de 13,9%.
En el otro extremo del país, en el estado de
Bolívar, el Puente Mercosur, tercero sobre el río Orinoco, presenta 65%
de avance. Pero debió estar listo en 2012. Odebrecht está a cargo de la
obra, como lo estuvo del segundo puente sobre el Orinoco, Orinoquia.
Según el último crédito adicional para la obra, autorizado el pasado 11
de febrero por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, se prevé
su culminación para el año 2016.
En el entramado de complicidades descubierto por Lava Jato,
Odebrecht ocupa un lugar destacado. Se calcula que entregó a
autoridades de Petrobras –su cliente desde 1960– sobornos por más de dos
mil millones de dólares. Odebrecht, por su parte, resultó beneficiada
como pocos por contratos del Estado durante las administraciones de Lula y Dilma, de las que recibió además ocho mil millones de dólares en forma de préstamos del BNDES.
Dos de sus proyectos venezolanos, las líneas 2 del
metro de Los Teques y 5 del metro de Caracas, ambas financiadas por el
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), ya
son objeto de investigación por parte del Tribunal de Cuentas de la
Unión (TCU), por posibles irregularidades en la financiación. Según
documentos reservados del TCU filtrados a medios brasileños, la
constructora y el Gobierno venezolano recibieron más dinero del que
inicialmente contemplaba el proyecto, 747 millones de dólares, sin,
además, presentar las garantías exigidas por las propias normas del
BNDES.
Como parte de las investigaciones a mediados del mes
de julio, las autoridades judiciales brasileñas solicitaron a la
Cancillería de Itamaraty una "copia integral" de todos los documentos
con referencias sobre Venezuela y la constructora Odebrecht entre los
años 2005 y 2015.
De modo que algo más se sabrá sobre los negocios de
Odebrecht en Venezuela, así como de las otras constructoras brasileñas.
Mientras el terremoto de las revelaciones sigue sacudiendo a toda la
jerarquía pública de Brasil, con algo de soberbia y de su conocimiento
de ingeniería, Emilio Odebrecht, padre de Marcelo, vaticinó que si su
hijo resultaba condenado por el caso “tendrán que construir tres celdas
más para mí, Lula y Dilma”. La declaración, casi insolente, habla de la
íntima imbricación de las constructoras con el poder político en Brasil.
Un contubernio que todavía queda por comprobar si replicaron en
Venezuela.
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