Por Diane Lefer y Héctor Aristizábal
publicado primavera 2010, ¡Presente!
En
el otoño de 2009, Funcionarios de los EE.UU. y de Colombia firmaron un
acuerdo que concede a los Estados Unidos el acceso a siete bases
militares en Colombia por diez años,
generando fuertes críticas por parte de grupos de derechos humanos, que temen
que esta expansión del rol de los EE.UU. en Colombia signifi cará una
mayor intervención militar, mayor desplazamiento interno de civiles y
más muertes innecesarias en la guerra civil colombiana que ya lleva
varias décadas.
Con este acuerdo, que viene
inmediatamente después de la pérdida de acceso a las bases militares en
Ecuador, los Estados Unidos aumentará sus vínculos con militares
conocidos por perpetrar los peores abusos de derechos humanos en el
Hemisferio Occidental, un alarmante indicio de lo
que puede
esperarse de la Administración de Obama y su promesa de cambio.
¿Realmente cambia algo este acuerdo? Creemos que sí. (En nuestra página
web, estudiamos con detalle la historia de cada una de estas bases. Más
información aquí.)
La decisión de la Administración de Obama de
ejercer el poderío militar de EE.UU. en un grado hasta ahora desconocido
amenaza con desestabilizar toda la región. Sí, países sudamericanos han
tenido sus escaramuzas en la frontera y breves conflictos armados, pero
una presencia importante de los EE.UU. en las bases colombianas crea un
escenario para lo que potencialmente podría ser una guerra de
importancia en el continente. En la Segunda Conferencia Internacional
para la
Abolición de Bases Militares Extranjeras, en diciembre de 2009, los delegados de doce países de
América
Latina se reunieron en Buenos Aires, Argentina y se comprometieron
a cooperar en una campaña que busca que otras naciones sigan el ejemplo
de Bolivia y Ecuador, dos países que tienen una prohibición de
bases extranjeras escrito en sus respectivas constituciones nacionales.
Por
desgracia, creemos que el aumento de la presencia de EE.UU. llevará a
los vecinos de Colombia a responder a esta ansiedad con la compra de más
armas e invertir más en sus ejércitos nacionales. Colombia, Venezuela,
Brasil, Ecuador y Perú gastarán en sus ejércitos el dinero que podría y
debería ir a mejorar la calidad de vida para todos sus ciudadanos.
En
tanto el Congreso perdió la fe en el Plan Colombia luego de una
inversión de más de seis billones de dólares en diez años,
el Departamento de Defensa ha aprovechado el presupuesto militar para
mantener el mismo tipo de fracasadas políticas - haciendo hincapié
en soluciones militares a los problemas sociales - con una
supervisión aún menor del Congreso.
Circulan rumores
acerca de un acuerdo: el presidente colombiano Uribe aprueba el acceso a
las bases de EE.UU. a cambio de apoyo por parte de Obama al Acuerdo de
Libre Comercio (TLC) respaldado por Uribe. Mientras este TLC beneficia a
las grandes empresas y a los ricos terratenientes, amenaza
las condiciones de vida de los minifundistas y de los agricultores
de subsistencia en Colombia, en tanto los Estados Unidos continuará subsidiando
a su agroindustria. En el marco del TLC, los Estados Unidos podrían regular su propio sector
financiero, pero a Colombia no se le permitiría hacerlo. Colombia no
podría dar preferencia a las empresas locales en la adjudicación de los
contratos de compras del sector público o privilegiar de modo alguno a
las empresas colombianas por sobre las empresas transnacionales.
Toda
economía mundial exitosa ha pasado por un período de protección y
desarrollo de su propio comercio y base industrial. El TLC le presenta a
Colombia obstáculos casi insuperables para
hacerlo. Mientras que
los ricos se volverán más ricos a través de su participación en los
programas multinacionales, la mayoría de los colombianos quedarán
atrapados en una retrógrada economía basada en la exportación de
recursos naturales, productos de monocultivo como los biocombustibles
y materias primas, que se basan explotación de la clase obrera.
En lugar de un Acuerdo de Libre Comercio, Colombia necesita un programa
de Comercio Justo que fomente el desarrollo de una economía competitiva
en el siglo XXI. El gobierno de Uribe trágicamente sigue estando
comprometido con el neoliberalismo. Un mejor modelo está siendo probado
en otras partes del continente: la Alianza Bolivariana para las Américas
(ALBA) se basa en la idea de la integración social, política, y
económica entre los países de América Latina y el Caribe y en una visión
de bienestar social, trueque y ayuda económica mutua. Propuesta por
Venezuela en el 2007, al menos ocho países han firmado el acuerdo de cooperación internacional.
Lo
que distingue a la Colombia de hoy, además de su continua adhesión al
neoliberalismo es la total impunidad de los criminales militares,
paramilitares y políticos. En Argentina y Chile, los autores de crímenes
de lesa humanidad cometidos durante las “guerras sucias”, están
enfrentando las consecuencias de su responsabilidad en las mismas.
Mientras tanto, en Colombia, los jefes paramilitares detenidos cuando
comienzan a declarar sobre sus conexiones con funcionarios
gubernamentales de alto rango y con los EE.UU. y con empresas
transnacionales, son rápidamente extraditados a Estados Unidos
para enfrentar cargos de narcotráfico, poniéndolos así fuera del
alcance de los fiscales colombianos, organizaciones de derechos humanos ,
las víctimas y sus familias. No sólo los autores colombianos siguen
gozando de impunidad por sus crímenes del pasado, sino que estos abusos
siguen ocurriendo.
Este nuevo acuerdo que da a los
militares de los Estados Unidos acceso a siete bases, es una
representación más del fracaso inevitable proveniente de las políticas
que se basan en el paradigma militar. En Colombia, como en
Afganistán, el poder militar ha fracasado y está destinada al fracaso.
En
ninguno de los dos países los militares pueden hacer una mella en el
tráfico de drogas. En ambos países, un débil gobierno central tiene poca
o ninguna presencia en gran parte de su territorio - a excepción de
presencia militar - e incluso ni proporciona los servicios básicos en
muchas regiones. La acción militar inspira insurgencia y
resistencia, mientras que caudillos y funcionarios corruptos del
gobierno siguen lucrando con la guerra.
La justicia social es el camino hacia la paz.
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