ACUERDO NACIONAL
Venezuela vive una profunda crisis generada por el fracaso
del modelo exportador de materia prima, instrumentado con fuerza a partir de
1959 y llevado al límite en estos últimos 18 años. Las riquezas por los
elevados precios del mercado petrolero y el diferencial cambiario de divisas
estimularon las importaciones y permitió se amasaran fabulosas fortunas al
amparo de la corrupción, con la excusa de la necesaria protección de los
sectores más vulnerables. Todo ello dentro de un diseño social que mantiene a
la población con niveles educativos muy bajos y en condiciones de miseria, para
hacerla susceptible de la demagogia y la dádiva gubernamental.
Ante la escasez,
inflación, inseguridad y pobreza existentes, la población exige soluciones sin
hallar respuestas positivas. La producción decrece, se cierran
industrias y comercios, las empresas estatales están en bancarrota y la
economía social no arranca. El desempleo y el empleo precario crecen en forma alarmante.
El porcentaje de familias pobres alcanza cifras similares o mayores a las de
1998. Los salarios no cubren las necesidades básicas. Los servicios públicos y
las ciudades colapsan. Los jóvenes abandonan el país. El miedo, la
incertidumbre y la desesperanza se apoderan de la gente. Como en el pasado, no
se entiende como pudo llegarse a esta situación luego de más de una década de millonarios
ingresos petroleros.
El
escenario político está restringido a solo dos fuerzas que se presentan como exponentes
de modelos contrapuestos, pero que actúan en consenso desconociendo a otros
factores, opiniones y propuestas. La base legal de este patrón polarizado está
en la legislación electoral, que impone un sistema inconstitucional carente de proporcionalidad,
que sólo da representación a quienes alcancen las dos más altas votaciones. A este
cuadro se agrega hoy la inexistencia de partidos políticos, la inconstitucional
postergación de las elecciones regionales, las truculentas sentencias judiciales
contra el revocatorio, la degeneración de la justicia y la ausencia práctica de
la Asamblea Nacional, por las trabas inconstitucionales del Tribunal Supremo.
La crisis ha generado
una descomposición del Gobierno y el PSUV y de la oposición agrupada en la MUD.
En medio de sus contradicciones han puesto en escena un diálogo polarizado, que
todo parece indicar va al fracaso al no ser plural, incluyente y pertinente a
las exigencias de la gente. Hoy, la mayoría de los venezolanos rechaza a los
factores de la polarización, no desea la continuidad de lo que hay, pero
tampoco quiere volver a lo que había. Esta nueva situación abre la posibilidad de
participación política de otros sectores, que constituyan una opción política
diferente, que canalice la poderosa expectativa de cambio existente.
Quienes suscribimos este
documento, luchadores, militantes y dirigentes políticos y sociales, representantes
de partidos y movimientos, fundamentando nuestras acciones en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, invitamos a construir una nueva alianza de
fuerzas plurales, no ideologizada, que supere los odios, vicios y carencias existentes, y genere la paz
necesaria para tomar el camino del desarrollo y bienestar. Convocamos a un gran
acuerdo nacional a los partidos y
organizaciones sociales, trabajadores, profesionales, empresarios y productores
del campo, campesinos, estudiantes, amas de casa; a los militantes y
simpatizantes del partido de gobierno y a los opositores donde se encuentren; a
las universidades y academias, con un programa de acción que lleve adelante las
siguientes proposiciones:
1.-
Instrumentar un plan económico alternativo dirigido a la unificación cambiaria,
a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, a eliminar la emisión de
dinero inorgánico, a cobrar las deudas con la República, a la repatriación de
capitales y al enfrentamiento decidido del contrabando y la corrupción, para
así abatir la inflación y la
devaluación monetaria.
2.-
Proponer salidas efectivas que garanticen la seguridad personal, mediante la eliminación de todas las bandas y
redes delictivas, de las zonas de tolerancia del delito (zonas de paz), del
desastre carcelario, de los grupos parapoliciales y paramilitares armados y
promueva la formación de cuerpos policiales idóneos y el acatamiento de las
leyes por todos.
3.-
Optimizar la estructura productiva y comercial existente y crear programas que
impulsen el crecimiento industrial y generen empleos calificados, sustentables
y bien remunerados, de forma de derrotar
la escasez, comenzando por garantizar todos los alimentos requeridos, el
suministro regular de medicamentos y los repuestos de autos, equipos y
maquinarias.
4.- Rescatar la proporcionalidad electoral establecida
en la Constitución Nacional, a través de la modificación de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales (LOPRE). Reformar la legislación que regula la existencia
de partidos políticos, para garantizar el derecho
constitucional a la participación política de los ciudadanos y derogar el
reciente reglamento del CNE, que obstaculiza dicho derecho en función de un
régimen monopartidista.
5.-
Garantizar el ejercicio sin limitaciones de los derechos humanos, ciudadanos, políticos,
económicos, sindicales y gremiales y de los pueblos indígenas. Velar por las
libertades de expresión y manifestación y el cese de la criminalización y
judicialización de la protesta.
6.-
Impulsar el desarrollo de la industria
petrolera aguas abajo (petroquímica y química orgánica industrial) y aguas
arriba (seguros y reaseguros de la carga transportada, construcción de
astilleros), para la producción de bienes de alto valor agregado.
7.-
Desarrollar la ciencia y la tecnología
nacionales e insertarlas en la producción y los servicios; transformar el
sistema educativo para lograr una educación generalizada de calidad, que
rescate la enseñanza de la matemática, la física, la química y la biología.
8.- Impulsar la
construcción de ciudades concentradoras
de servicios. Adelantar una política de protección del ambiente,
salvaguarda de las cuencas hidrográficas, los bosques y los mares. Desechar el
proyecto depredador y antinacional del Arco Minero del Orinoco y revisar las
condiciones en la Faja Petrolera del Orinoco, que adolece de los mimos vicios.
9.- Defender la
soberanía y la integridad territorial
del país y rescatar la inmunidad de
jurisdicción del Estado. Establecer relaciones internacionales de iguales
con todos los países.
10.- Liberar a los presos políticos y a
todos los detenidos por ejercer sus derechos a protestar; estimular el retorno
de los venezolanos, que dejaron el país por razones económicas o políticas.
11.- Estimular
la formación de una fuerza armada
profesional, sujeta a los principios de la Constitución, encargada de la
defensa de la patria y capacitada para garantizar su autonomía tecnológica.
12.-
Fundamentar nuestras acciones en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Hacer realidad la independencia de los Poderes Públicos. Desarrollar
el Estado Federal descentralizado en los términos de la Carta Magna.
Caracas, 15-12-2016
Adhieren este documento:
Bandera Roja
De Frente con
Venezuela
Democracia
Renovadora
Movimiento al
Socialismo
Movimiento
Pluriétnico Intercultural de Venezuela
Movimiento de
los Pueblos Indígenas
Pro Comunidad
Solidaridad
Independiente
Soluciones
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