Un 4 de febrero con protesta venezolana en Madrid. La Puerta del Sol ha servido para que los pensionados y jubilados se manifiesten en contra del impago de quince meses por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, que sigue sin respuestas.
Por Carlos Moreno, especial desde Madrid para lapatilla.com
La concentración, que lució nutrida y atrayente para los visitantes de la icónica plaza madrileña, representó los rostros del drama de los adultos mayores sin recursos para sostenerse por el incumplimiento del Estado venezolano.
Esperaron que los protocolos de enero, para tramitar la fe de vida exigida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), abriera canales para retomar los desembolsos que caen en sus cuentas en el Banco Santander de España, pero se ha tratado de otro papeleo sin efecto alguno.
Una de las propuestas que ha lanzado Pedro Ontiveros, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunidad de Madrid, (Asopejuvecma) ha sido la de continuar exigiendo al Gobierno de Maduro la reactivación del pago por cualquier vía diplomática y administrativa y tratar de esquivar, por el momento, algún intento de recurso contencioso ante tribunales internacionales.
“Tendríamos que demandar al Estado venezolano y son procesos muy largos. Tardarían entre 15 o 20 años y muchos de nosotros no veríamos el final de ello”.
Ha precisado que el Gobierno podría apelar a una línea de crédito con el Banco Santander de España, donde se depositaban las pensiones por convenio binacional, para facilitar los fondos mientras la administración Maduro pone en orden las divisas que soportan las pensiones y jubilaciones mensuales a los adultos mayores.
Sería una propuesta abierta al Gobierno venezolano, aunque no conoce, ni de cerca, cuál sería la reacción de la entidad financiera ibérica.
Pero al menos los pensionados tienen claras las estrategias de resolución del conflicto, aunque impere el silencio administrativo. La deuda al día de hoy, para los cerca de 12 mil pensionados y jubilados venezolanos en el extranjero (9 mil en España) estaría calculada en unos 21 mil euros por cada uno según los datos que aportó Pedro Ontiveros. 
Y esos planteamientos los han hecho llegar como sugerencias ante el despacho del embajador venezolano en España, Mario Isea, pero sin conseguir resultados hasta ahora. El diplomático le ha recibido en dos oportunidades, pero las gestiones, después de más de un año sin recibir fondos, podrían considerarse fracasadas.
“Esta realidad es insostenible, el hambre no tiene color político ni mucho menos militancia, lamentablemente no nos oyen, nos ignoran”, señaló Ontiveros megáfono en mano. Afirma que podría abrirse una esperanza si el Gobierno anuncia un nuevo sistema cambiario donde se configure una divisa acorde a los acuerdos binacionales de pago de pensión.
El impago fue reconocido por el Gobierno de Maduro en documentos girados desde el Consulado General de Venezuela en Madrid. A finales de 2016 entregaron a varios de los pensionados una constancia de incumplimiento donde se precisa que durante los 12 meses de ese año los adultos mayores no recibieron fondos. Varios de los folios fueron firmados por el Cónsul Antonio Frausto Paredes y sellados oficialmente, lo que se tradujo en un conflicto entre las distintas legaciones diplomáticas de otras provincias de España que se negaban a entregar dicho documento.
Insólito
En la misma Puerta de Sol estuvo el señor Manuel Franco acompañado de su hija Ana Belén Franco López. Tiene 91 años de edad y dedicó toda su vida laboral como albañil a Venezuela hasta que decidió regresar a España en 2011 junto con su esposa Josefa López de Franco. Ana Belén, quien lo asiste frente a la prensa para detallar su caso, explica que tanto su padre como su madre han desaparecido extrañamente de la base de datos de las personas jubiladas en el IVSS.
“En nuestro caso no solo mi padre y mi madre dejaron de percibir las pensiones en todo 2016 como todos los adultos mayores venezolanos acá en España, sino también que nos han informado, desde el Consulado General de Venezuela en Madrid, que mi padre ya no figura como pensionado venezolano. Estamos sorprendidos. Mi padre es una persona de 91 años de edad”.
Los trámites de la Fe de Vida para presentar ante el IVSS lo adelantaron la primera semana de enero, pero el miércoles pasado se les informó de la inconsistencia y que los nombres del señor Franco y su esposa ya no estaban en la base de datos. La familia Franco tiene toda la documentación que les acredita como pensionados en España y posee por igual las libretas del Banco Santander donde, desde 2011 el Estado Venezolano depositaba la pensión, hasta la crisis de 2016. Otro drama se suma a la historia, la incertidumbre en doble tanda, no saber si volverán a cobrar, y ahora si desaparecerán del sistema del IVSS.
Sin traslados
Al impago se une la negativa del Gobierno de ejecutar nuevos traslados de pensiones al exterior, pese a ser esta política parte del Acuerdo Binacional en Materia de Seguridad Social entre Venezuela y España fundado en 1998 y refrendado por Hugo Chávez en 2009.
Luis Macazaga vive hoy en ese limbo. Tiene sesenta años y, por ley, le correspondería la pensión como venezolano, pero todos los pasos que ha dado para conseguir el beneficio de ley han sido infructuosos. “Toda mi vida trabajé en Venezuela en muchos proyectos. Creo que todos los que estamos hoy aquí dedicamos nuestra vida a generar riqueza en nuestro país y lo justo es que, en nuestra adultez, ese esfuerzo sea recompensado como lo indica nuestra legislación, con una pensión justa”.
El silencio de Rotondaro
Carlos Rotondaro, presidente del IVSS no suele ser figura mediática del Gobierno venezolano, pero ha concentrado el poder de la salud pública desde hace unos 10 años bajo el auspicio del fallecido Hugo Chávez, y continúa con el poder en la administración de Maduro, y aunque la crisis de los pensionados en el exterior es de su manejo, puesto que hasta el Gobierno español ha forzado canales de comunicación, ha apelado a un silencio que los pensionados califican de “criminal”.
Desde su despacho no se ha girado comunicación alguna para informar sobre las causas del impago ni menos aún cuándo se reactivarán los desembolsos. Pero el propio presidente Nicolás Maduro emplea la política silente en este sentido, habría que evaluar si existe alguna orden ejecutiva extraoficial para soslayar el tema por el delicado flujo de divisas que el Gobierno espera equilibrar tras al acuerdo de enero de la Opep con el que perfila una pronta recuperación de los precios del crudo.
Pero el argumento matemático de las divisas para congelar las pensiones nunca ha tenido peso para los adultos. “Es nuestro derecho de vida, constitucional, no lo estamos mendigando, lo estamos exigiendo porque es nuestro derecho, trabajamos toda la vida por nuestro país”.
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